El Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum presenta una narrativa coherente: mayor recaudación, mejores salarios, bajo desempleo, inversión extranjera en máximos y programas sociales con una cobertura creciente. El conjunto dibuja un Estado con más recursos y capacidad de intervención. Sin embargo, el paso de un informe político a una rendición de cuentas completa exige algo adicional: que cada cifra pueda vincularse con una metodología pública, un costo identificable y un resultado verificable para distintos grupos y territorios.
En materia de ingresos, la Presidenta afirmó que el Gobierno Federal obtuvo 6 billones 46 mil millones de pesos en 2025, 487 mil millones más que en 2024, y que la recaudación acumulada a agosto de 2026 superaba en 149 mil millones la del mismo periodo anterior. Son datos relevantes porque amplían el margen fiscal. Pero el incremento nominal, por sí solo, no permite saber cuánto provino del crecimiento real, la inflación, cambios tributarios, fiscalización o ingresos extraordinarios.
Los reportes de Hacienda disponibles hasta julio respaldan una recaudación dinámica: el IVA creció 9.9 por ciento real anual, el IEPS distinto de combustibles 9.3 por ciento y los impuestos a las importaciones 8.1 por ciento. El mismo documento registra una caída real de 6 por ciento en el ISR y una deuda pública amplia equivalente a 51.5 por ciento del PIB. La lectura completa, por tanto, es más compleja que un récord: hay fortalezas de ingreso, componentes débiles y obligaciones financieras que condicionan el gasto futuro.
El informe también destacó que el salario mínimo mensual pasó de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 582 en 2026, un aumento que el gobierno calculó en 154 por ciento real. A la vez, ubicó el salario medio formal en 20 mil 212 pesos. La mejora salarial es un cambio verificable y de gran alcance, pero su evaluación distributiva requiere observar informalidad, horas trabajadas, diferencias regionales, productividad y capacidad de compra después de vivienda, transporte y alimentos.
En empleo, Sheinbaum reportó 60 millones de personas ocupadas, una tasa de desocupación de 2.7 por ciento y 86 mil 765 puestos formales creados en agosto frente a julio, sin contar plataformas digitales. La baja desocupación es una señal favorable, aunque no sustituye indicadores de calidad laboral. El dato agregado no revela cuántos empleos tienen seguridad social, estabilidad contractual, jornada completa o ingresos suficientes, ni cómo se distribuyen entre mujeres, jóvenes y entidades.
La Presidenta habló asimismo de cerca de 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa en el primer semestre de 2026 y de un crecimiento de 12 por ciento frente al mismo periodo de 2024. El monto oficial difundido previamente fue de 34 mil 968 millones, diferencia compatible con un redondeo. Aun así, el flujo bruto no muestra por sí mismo cuánta inversión corresponde a proyectos nuevos, reinversión de utilidades o movimientos entre empresas, ni su impacto regional y laboral.
En política social, la meta anunciada es cerrar 2026 con 42 millones 860 mil 296 derechohabientes y una inversión de un billón de pesos. La magnitud confirma que el bienestar ocupa un lugar central en el presupuesto. Para medir eficacia, sin embargo, hace falta separar personas únicas de registros en varios programas, presupuesto aprobado de gasto ejercido, cobertura potencial de cobertura efectiva y transferencias entregadas de cambios sostenidos en ingreso, salud, educación o autonomía económica.
Otro punto que requiere desglose es la reducción de 200 mil millones de pesos en gasto corriente frente a 2024, que el discurso asegura se logró sin afectar áreas sustantivas. La afirmación sería evaluable con una clasificación funcional y administrativa que muestre dónde se recortó, qué plazas o servicios cambiaron y cuáles fueron los efectos. Austeridad y eficiencia no son sinónimos automáticos: un menor gasto puede eliminar privilegios, pero también generar cuellos de botella si alcanza capacidades esenciales.
El informe cumple una función política legítima: ordenar prioridades, explicar decisiones y ofrecer una visión de gobierno. La rendición de cuentas comienza cuando esos anuncios se contrastan con series comparables, bases abiertas, evaluaciones externas y metas presupuestarias. Para saber si la “prosperidad compartida” se distribuye, convendría publicar tableros con resultados por entidad, sexo, edad y nivel de ingreso, además de costos unitarios y avances físicos de los programas.
La prueba más exigente para el Segundo Informe no consiste en negar los avances ni aceptar cada porcentaje sin contexto. Consiste en convertir el volumen de cifras en evidencia que pueda ser revisada, comparada y corregida. Un gobierno fortalece su narrativa cuando permite verificarla; y una sociedad gana capacidad de decisión cuando puede distinguir entre recursos movilizados, productos administrativos y mejoras efectivas en la vida cotidiana.